En nuestra legislación respecto al tema de familia, aun cuando la intención inicial y primaria del legislador ha consistido en atribuir a los dos cónyuges, en forma conjunta, la administración de los bienes que conforman el patrimonio social, también ha previsto la existencia de situaciones en las que las circunstancias excepcionales que rodean la sociedad conyugal impiden, en los hechos, la aplicación efectiva de esta regla. En este contexto, las dos circunstancias previstas por el legislador en el inciso 2 del artículo 294 del Código Civil para atribuir la administración exclusiva de los bienes sociales a uno de los cónyuges –i) desconocimiento del paradero del otro cónyuge o ii) ubicación remota del otro cónyuge– deben ser acogidas por el operador en la medida que constituyan situaciones en las cuales la posibilidad de actuación conjunta de los cónyuges para la administración de los bienes sociales se encuentra materialmente restringida, ya sea porque se desconoce el paradero del otro cónyuge o porque, aun conociéndolo, la distancia hace inviable la actuación unida de ambos.